¿Una ley propia para Startups?

Hace algunos meses, los asesores de statups acogimos con cierta curiosidad la noticia publicada por el ejecutivo español, que anunciaba una posible aprobación de una ley específica para startups. El presidente del gobierno había anunciado en el último tercio del año 2018 estar estudiando la llamada Ley de Fomento del Ecosistema de Startups, que en términos coloquiales ha trascendido como “Ley de Startups”.

Se planteó incluso una consulta pública para conocer las principales necesidades por parte de los agentes afectados, esencialmente emprendedores e inversores, por esta regulación. La consulta era accesible a todos y cabía realizar sugerencias y aportaciones hasta el pasado 25 de enero.

En esa propuesta legislativa se recogía la necesidad de definir el concepto de startup, reconocer una naturaleza específica para este tipo de empresas, regular aspectos esenciales en la vida de una startup tales como los requisitos para la inversión por parte de business angels u otro tipo de inversores (incluyendo de solvencia técnica y económica), y aplicar medidas para incentivar el emprendimiento empresarial y la aparición de negocios tecnológicos.

El propio ejecutivo había circularizado un documento informativo donde mencionaba la necesidad de implantar medidas de impulso para este sector concreto, comprendiendo que se trata de uno de los elementos más relevantes para la transformación de nuestra economía.

De forma específica, la consulta introducía preguntas sobre incentivos fiscales para las startups, concretamente en lo relativo a su actividad de innovación y desarrollo tecnológico. Otras cuestiones planteadas referían ayudas en materia laboral y de seguridad social, para contratación de perfiles cualificados y fidelización del talento personal.

Una batería de ayudas puede ser beneficiosa para el sector, no cabe duda. Sin embargo cabe mostrar cierto escepticismo respecto del último objetivo perseguido, pues en palabras del propio ejecutivo español la nueva norma debía servir para reconducir a nuestro país a una transformación en “Nación Emprendedora”.

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La cuestión radica en que toda nueva ley cuyo fin sea favorecer el emprendimiento, por bien intencionada que se formule, contrastará con una normativa existente que precisamente dificulta y obstaculiza toda iniciativa empresarial. Y la razón es que el espíritu de nuestra regulación, a todas luces excesiva, impone un sinfín de actuaciones burocráticas y requisitos legales que afectan en ocasiones a medidas aparentemente insignificantes.

En este sentido no hay sector más perjudicado que el de las startups. Todo emprendedor es conocedor de las múltiples trabas, de carácter legal o administrativo, que dificultan las distintas iniciativas de negocio. De hecho, un régimen tan poco flexible afecta precisamente, y en mayor medida, a las empresas que apuestan por implantar sistemas de reacción inmediata a las variaciones en el comportamiento de los consumidores, o que aplican medidas innovadoras que requieren rapidez tanto en la toma de decisiones como en su aplicación real en el mercado.

Por citar un ejemplo conocido por todos, la tramitación de una constitución de una sociedad conlleva un coste innecesario para el socio fundador, tanto en tiempo como en dinero. Se requieren gestiones ante el registro mercantil, notaría, bancos etc. que impiden tener una sociedad constituida en menos de 2 o 3 semanas, mientras en muchos otros países (desarrollados, o no) el trámite completo apenas demanda de unas horas. Y para colmo del absurdo se exige la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados cuya cuota a pagar siempre es 0 euros, pero que requiere en todo caso efectuar la gestión ante las oficinas de Hacienda.

Pero hay muchos más ejemplos. El mero hecho de requerir la intervención de un fedatario público con carácter previo a la inscripción de cualquier actuación o acuerdo en el registro mercantil, o en el registro de la propiedad, resulta caro e ineficiente. Tendría su interés conocer el cómputo total de horas empleadas en notaría por parte del empresario, directivo o emprendedor medio a lo largo de toda su carrera.

De ahí que podamos plantearnos, ¿en qué medida una norma más, puede reducir ese exceso regulatorio? El mero planteamiento ya se antoja contradictorio. Quizá debamos comenzar por analizar si el marco legal donde queremos insertar una ley propia para Startups, es apto para el fin que esa nueva norma persigue, pues de otro modo se convertirá en una regulación más que inevitablemente aumentará la innumerable ristra de requisitos y exigencias de nuestra burocracia.

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No cabe duda que la startup y su entorno recibe un interés creciente entre la opinión pública, también ante dirigentes y mandatarios. La propuesta para una futurible Ley de Startups es una prueba inequívoca de ello.

La situación política que atraviesa nuestro país deja abierta esta cuestión que se ha venido comentando en los últimos meses, y permite a los nuevos aspirantes al ejecutivo plantear propuestas que seduzcan a este sector de nuestra economía, y a todos los profesionales que de una u otra forma estamos vinculados al mismo.

Ahora que entramos en época electoral, estaremos pendientes de las medidas que al respecto contemplen los distintos programas electorales en apoyo al emprendimiento.

Desde nuestro Magazine para startups, seguiremos aplaudiendo iniciativas que aporten valor al sector innovador y participaremos en las sucesivas rondas de consultas que los distintos ejecutivos pongan a nuestra disposición.